Por: Kevin Díaz
Organizaciones de diferentes ámbitos (ARPAS, FESPAD y UCA), se unieron para manifestarse en contra del decreto que prohíbe desprestigiar la imagen de los candidatos a la presidencia a través de la publicidad y propaganda.
Los líderes de estas organizaciones expresaron que el referido decreto es “innecesario porque los mensajes difamatorios y calumniosos ya están prohibidos por la Constitución y el código penal”.
Reiterando esto, las organizaciones aseguran que la iniciativa es una medida coyuntural basada en el interés electoral de un candidato presidencial en específico, “nadie duda que este decreto nace en el partido GANA y ya conocemos que sus candidato es el ex presidente Saca”, señaló Juan Carlos Sánchez, Coordinador de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Sobre el fin “mediático” del decreto, Leonel Herrera, director de La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), enfatizó que el órgano legislativo debe de aprobar leyes que sean políticas públicas de comunicación y no con el fin de beneficiar el interés particular de un candidato.
“En este país cuesta que las instituciones aprueben políticas públicas, entre estas se deben de aprobar; una Ley para la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, así también, la Asamblea debe de abrir un amplio debate nacional sobre la democratización del acceso al espectro radio eléctrico “, indicó Herrera.
“Amenaza para el periodismo”
En su comunicado las organizaciones dicen que el decreto “podría representar un obstáculo o amenaza para el periodismo crítico y ser aplicado discrecionalmente contra algunos medios de comunicación social que publiquen información crítica sobre los candidatos presidenciables”.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), José Luis Benítez, dijo que la iniciativa “amenaza la libertad de expresión y de prensa”, esto según Benítez, es porque queda a discreción del Tribunal Suprema Electoral (TSE), La aplicación de las multas a quien difame.
“El TSE no es una instancia que esté orientada a tomar este tipo de decisiones y criterios, un periodista pensará dos veces que noticia va a escribir sobre los candidatos”, manifestó el presidente de APES.
Las multas que especifica el decreto van entre 5 a 25 mil dólares, que podrían caer sobre quien es hallado responsable de difamación.
Las organizaciones solicitan al presidente Funes, que vete el decreto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de junio.
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