Comunicadores de pueblos originarios continúan en la búsqueda de recursos para mejorar y potenciar sus medios de comunicación, un sector que desde la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuenta con autorizaciones para 56 radios, de las cuales 29 están transmitiendo, y un canal de televisión, todos en el rango de carácter “público, no estatal”.
Esas emisoras están distribuidas en 15 provincias, con la mayor concentración en Salta y Jujuy (10 y 11 radios, respectivamente), mientras que el único canal de televisión es Wall Kintun TV -que en idioma mapuche significa “buscar alrededor”- y transmite por el Canal 2 de aire en San Carlos de Bariloche.
El panorama actual se terminó de delinear el último miércoles, cuando la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) entregó nuevas autorizaciones a dos FM jujeñas, unas del pueblo kolla y otra del guaraní, siempre en reconocimiento al derecho a la comunicación con identidad establecido por la llamada “ley de medios” (26.522).
Matías Melillán, representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), confirmó que en la actualidad “existen 57 autorizaciones (55 radios FM, una AM y un canal de TV), de las cuales 29 están transmitiendo y las restante están en vías de conseguir equipamiento y antenas para ponerse al aire”.
Responsables y comunicadores de varias de esas emisoras participaron en los últimos días en Buenos Aires de encuentros de capacitación y sistematización de medios rurales y originarios, a fin de regularizar la solicitud de licencias y la adquisición de equipamiento para radios de diversos puntos del país.
Una de esas radios es la FM Newen Weche (que significa “fuerza joven”) de la comunidad mapuche linares, ubicada en el paraje Aucapán en Neuquén, que emite a través de la frecuencia 90.9 Mhz del dial y está al aire desde mayo de 2005.
“Tener una radio en nuestra comunidad es muy importante para estar informado por todas las cosas que están ocurriendo, porque los usurpadores de territorios nos siguen afectando, nos siguen quitando nuestra mapu (tierra), por eso es necesario tener nuestra radio”, afirmó su director, Raúl Haiquifil, en diálogo con Télam.
Haiquifil dijo que fue “‘trawun’ (encuentro), “con la esperanza de conseguir un transmisor más grande, que agarre más distancia”, pues tiene “dos aparatos que son muy chicos y no tienen el alcance” que necesitan.
“Así que hasta que no se apruebe el presupuesto nacional vamos a tener que seguir buscando otras vías para conseguir mejores equipos de transmisión “, señaló.
“Queremos que nuestra radio tenga mayor alcance para que puedan estar informados nuestros ‘peñis’ (hermanos) y nuestras ‘lamgen’ (hermanas), que escuchen la radio, desde otras comunidades también”, agregó.
María Adelaida Torres, integrante de la FM 88.3 de la organización de comunidades kollas de Nazareno, Salta, explicó que tienen autorización desde 2013 pero que aún no están transmitiendo porque tiene “la mitad del equipamiento” necesario para hacerlo.
Torres detalló que les faltan “una computadora, una consola de sonido, micrófonos y accesorios; también nos falta terminar de instalar la torre y un equipo de enlace para poder transmitir a las 22 comunidades que integran la organización”.
“Nos presentamos a los concursos Fomeca (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) y ganamos un premio”, tras lo cual “nos dieron la mitad del dinero con lo que vamos comprando algunos equipos, pero no es suficiente, todavía nos faltan algunas cosas más, por eso esperamos que el Congreso apruebe algún día el financiamiento de nuestros medios”, expuso.
El Título IX de la ley 26.522, sancionada en 2009, se refiere a los Servicios de Comunicación de los Pueblos Originarios y en el inciso “a” del artículo 152 fija que esos medios “se financiarán con recursos provenientes de asignaciones del Presupuesto nacional”.
La norma establece diversas vías de financiamiento para los medios indígenas, como publicidad, donaciones, legados y cualquier otra que resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica, la venta de contenidos de producción propia, auspicios o patrocinios y recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Mientras esperan que se discuta y apruebe en el Congreso la asignación específica en el presupuesto nacional prevista en la ley para sus medios, los comunicadores originarios siguen generando vías de financiamiento y buscando otras nuevas, entre las que analizan la de generar un impuesto sobre la actividad petrolera, cuestión que aún no está definida.
