“Tutela Legal no era una oficina del pasado”, expresó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, en la conferencia de prensa donde dio a conocer las medidas cautelares que emite la institución; en el polémico caso del cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
Morales considera que la decisión del Arzobispo de San Salvador, de crear un “Centro de Documentación y Archivos”, para “cuidar” los archivos históricos, “No genera las garantías suficientes de preservación y administración de los archivos, y debido a la vulnerabilidad de los mismos coloca a víctimas y testigos en un potencial riesgo”, señala la resolución.
En este sentido, el titular de la PDDH, “obliga” al Arzobispo de la capital, Monseñor Escobar Alas, a informar las medidas de preservación y administración del archivo; además, que en un plazo de cinco días autorice la inspección física de los archivos por parte de una Comisión de la Procuraduría.
“Le doy al señor Arzobispo un plazo de cinco días, espero obtener esa colaboración, sino es así, acudiré al procedimiento que me permite el artículo 34 de la Ley de la Procuraduría y requerir la inspección por orden judicial”, determinó Morales.
Además el Procurador informó que personal despedido de Tutela Legal, interpuso diferentes demandas en la institución que preside, “Son 12 empleados que sus denuncias varían; se denunció casos denigrantes a la hora del despido, no se permitió acceso a las oficinas según la denuncia, se les mantuvo en el auditórium del Arzobispado, estuvieron bajo vigilancia de custodios armados permanentemente. Esta es una afectación a los derechos laborales por tal razón he abierto el proceso correspondiente”, puntualizó.
Procesos Activos
El titular de la Procuraduría lamentó el cierre de la Oficina del Arzobispado, recalcando que hasta el fin del mes de septiembre; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Tutela Legal tenían activas relaciones de trabajo.
“Tenía representaciones judiciales en casos que se encuentran en trámite. Es muy conocida la representación judicial del Tutela Legal en el caso de contaminación por plomo en el Sitio del Niño, y tenía la enorme responsabilidad de llevar adelante el seguimiento de la sentencia internacional por el caso del Mozote, es decir, era una oficina en actividad de derechos humanos de la agenda del presente”, señaló.
La resolución de medidas cautelares que emitió la Procuraduría, será puesta del conocimiento de la Junta Directiva y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y del Presidente Funes, a efectos que, tomen las acciones que aseguren la preservación de los archivos históricos.
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