La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica convocó a una nueva conferencia de prensa, esta vez, para señalar la compra de acciones en El Salvador de la empresa Pacific Rim por parte de la transnacional Oceana Gold.
“Las empresas mineras en cuestión, tienen comprobada su perversa manera de operar. Ahí donde han instalado sus proyectos, en Filipinas, Nueva Zelanda y El Salvador han sido fuertemente señaladas por violaciones de derechos humanos y por daños en los ecosistemas” indican en su comunicado.
En el país, la empresa canadiense Pacific Rim, ha sido denunciada en diversas ocasiones por comunidades y organizaciones que se han opuesto a los proyectos mineros de la transnacional. Casos de represión, amenazas, asesinatos y de violencia se conocen en los diferentes municipios del departamento de Cabañas; es en esta zona donde la empresa pretendía explotar varios yacimientos de oro.
La compañía opera en El Salvador desde el año 2002 pero la oposición de las comunidades a este proyecto y las irregularidades encontradas en su Estudio de Impacto Ambiental han hecho que el gobierno salvadoreño le haya denegado el permiso de explotación del terreno.
“Hemos tenido una fuerte lucha contra Pacific Rim, ahora los retos son más grandes para las comunidades. Hay que fortalecer la organización”, enfatizó Carmen Alvarenga de Cabañas.
La Mesa contra la Minería considera que “los retos son más grandes” por la “fusión” de las empresas, “La nueva empresa (Oceana Gold) es de mayor envergadura, tiene mayor capacidad económica. Nos preocupa que esto llegue a convertirse en compra de voluntades a funcionarios claves en instituciones estatales”, puntualizó Saúl Baños, representante legal de la Mesa.
En su último comunicado, la multinacional anunció su intención de buscar una salida “negociada” al impasse que ha representado el no otorgamiento de los permisos de la mina El Dorado en Cabañas.
El “impasse” referido, le ha costado al Estado salvadoreño alrededor de $5 millones; esto debido a la demanda de $315 millones que interpuso Pacific Rim en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecido en Washington, capital estadounidense.
“Esta cantidad de dinero que se ha gastado, se hubieran invertido en salud, medio ambiente, educación para la población”, sostienen los ambientalistas.
Además del costo económico para el país, enfatizaron que “será evidente que el nivel de violencia aumentara en el departamento de Cabañas. Estas empresas son consideradas más agresivas al momento de operar”.
La organización hace el llamado a las autoridades gubernamentales a evitar la violencia, y reiteran la urgente necesidad; que la Asamblea Legislativa amplié y profundice de inmediato el debate en torno a la prohibición definitiva de la minería metálica.
“Nuestra reciente presentación de la nueva propuesta de Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica se vuelve más oportuna y constituye la oportunidad ineludible para evitar el peor desastre socio-ambiental para nuestro país “, recalcaron.
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