Diferentes organizaciones sociales se manifestaron frente a catedral metropolitana, en contra del cierre de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Jóvenes y adultos, recalcaron que la oficina fundada por el ex arzobispo de la capital, Monseñor Rivera y Damas, “era de las pocas instituciones que velaba por investigar sobre los delitos de guerra".
En este sentido, las organizaciones exigieron al actual Arzobispo, Escobar Alas, que resguarde los documentos que contienen información histórica de crímenes que se gestaron en el conflicto armado, “Los archivos de Tutela Legal no le pertenecen solamente al Arzobispo; también le pertenece a cada ciudadano y ciudadana del pueblo salvadoreño”, expresó Ramiro Navas, miembro de la Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes (CIPJES).
Con pancartas, consignas y cantos; señalaban que el cierre "sin motivo" de Tutela Legal, es un “golpe histórico” al legado del obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En 1977, Romero creó el Socorro Jurídico, para dar auxilio a los más pobres de un país que padecía gran represión política y graves violaciones a los derechos humanos.
“¡Resucitaré en el pueblo!, dijo Monseñor Romero; eso es lo que está sucediendo este día y es para defender su legado”, indicó Elvin Jerez, feligrés católico.
El legado, se traduce a más de 50,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos cuyos expedientes tienen un destino incierto.
Ex empleados de la oficina del Arzobispado, manifestaron que “hay temor que desaparezcan, pero también hay temor que se haga alguna manipulación de los archivos”.
El ex director de Tutela Legal, Ovidio González, exhortó a Monseñor Alas a reflexionar y tomar en consideración otras medidas para el cuido de los documentos históricos.
También, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), no confía en la decisión del Arzobispo de San Salvador, de crear un “Centro de Documentación y Archivos”, para “cuidar” los archivos históricos, “No genera las garantías suficientes de preservación y administración de los archivos, y debido a la vulnerabilidad de los mismos coloca a víctimas y testigos en un potencial riesgo”, señala la resolución de la PDDH.
La medida cautelar que dio a conocer la Procuraduría, “obliga” al Arzobispo; que autorice la inspección física de los archivos por parte de una Comisión de la institución. “Le doy al señor Arzobispo un plazo de cinco días, espero obtener esa colaboración, sino es así, acudiré a la inspección por orden judicial”, señaló el titular, David Morales (4 de Octubre).
Manifestantes de diferentes edades, reiteraron que seguirán pendientes del caso para que exista un proceso transparente de transición de los documentos a otra institución; con el fin de evitar la pérdida de los archivos históricos.
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