La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica solicita al presidente Sánchez Cerén emitir un decreto que determine prohibición de procesos de extracción minera en el país.
En el marco del primer año de gestión del actual gobierno, los ambientalistas reiteraron que es necesario un Decreto Ejecutivo para “cerrar toda posibilidad de más demandas de empresas mineras contra el Estado salvadoreño”.
El Salvador sigue dirimiendo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la millonaria demanda ($315 millones) interpuesta por la empresa minera canadiense Pacific Rim.
El litigio entre la multinacional y el Estado data de 2009, fecha en la que se suspendieron las licencias de explotación que habían sido autorizadas en 2002, durante la presidencia de Francisco Flores.
“La situación financiera del país la conocemos todos y todas, es bastante negativa, y se agravaría más si otras empresas están demandando a El Salvador para que se paguen estas grandes cantidades que no las tiene el país”, señaló Saúl Baños, representante de la Mesa.
Así también, consideran que el decreto impulsará a la Asamblea Legislativa a aprobar la iniciativa de Ley que prohíbe definitivamente la exploración y explotación minera.
“Por el momento existe el compromiso político público que adquirió el presidente actual, igual como lo hicieron los ex presidentes Funes y Saca, de no permitir la minería metálica mientras ellos fueran presidentes. Nosotros creemos que eso es importante pero no es suficiente, necesitamos que exista certeza jurídica”, subrayó Edgardo Mira, miembro del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM).
La organización entregará en los próximos días esta solicitud, esperando también reunirse con las autoridades gubernamentales para discutir la propuesta.
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