Conmemorando el día Internacional de la Juventud, organizaciones evaluaron el marco jurídico y social que vive el país; virtudes, defectos y retos en las políticas dirigidas al sector joven.
En lo jurídico, jóvenes que representan distintas organizaciónes, indicaron que existen avances significativos. Entre estos la aprobación de la Ley General de Juventud, que “garantiza el reconocimiento de las personas jóvenes, como estrategia para el desarrollo de los municipios y departamentos del país”.
“Aprobación e implementación de la normativa y su política, se cumplió con el Pacto por las Juventudes en el 2009”, manifestó Gustavo Martínez, Secretario de la Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes (CIPJES).
Este “pacto” establecía la instauración del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE). Es en esta institución donde las organizaciones firmantes del documento, demandan mayor avance en el territorio; para que se fortalezcan proyectos en beneficio de la juventud salvadoreña.
En este sentido, las organizaciones demandan que exista un presupuesto definido para el INJUVE, “Queremos que funcione no solo por donaciones, debe de trabajar con un presupuesto asignado a la institución y que este sea acorde a la población joven que es el 60%”, enfatizó Susana Ardón, miembro de Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador.
Con estudio en “mano” realizado por CIPJES; sobre el alcance de las políticas públicas de la institución y su impacto. Las y los jóvenes manifestaron que en el interior del país se debe de fortalecer dichas políticas.
“Únicamente el 18% de los jóvenes conoce el trabajo que realiza el INJUVE a nivel nacional”, recalcó Martínez.
Así también, demandan estrategias de divulgación y promoción de la Ley General de Juventud. “Solo el 13% de los jóvenes conocen de la normativa. El poco conocimiento, limita a las y los jóvenes a demandar los servicios o programas encaminados a su pleno desarrollo como personas ciudadanas, comprometidas con los cambios sociales y políticos que una sociedad requiere”, señala el pronunciamiento.
En este marco, también exigen a la Asamblea Legislativa que aprueben leyes en beneficio de la población; como es la Ley General de Aguas y demandan al Estado salvadoreño que suscriba la Convención Iberoamericana de Juventudes.
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