Organizaciones medioambientales y habitantes de las comunidades afectadas por insuficiencia renal, demandan al presidente Mauricio Funes que sancione el decreto de Ley que prohíbe comercialización y uso de tóxicos en la agricultura.
La Plaza Salvador del Mundo, fue el lugar donde las comunidades se concentraron para manifestarse en contra de los agro tóxicos, “Afectan el medioambiente y salud de los habitantes; los únicos que se benefician son los que venden los químicos”, señaló María Muñoz, habitante del Cantón Los Lagartos en el departamento de Sonsonate.
En específico, Muñoz quien es presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), del caserío Los Ángeles; denunció que en la comunidad “avionetas fumigan los cañales y en la orilla hay un centro escolar. Ellos pasan fumigando; dicen que para producir más pero nosotros no tenemos ningún beneficio, es la Central de Ízalo la que se beneficia, nosotros somos afectados con enfermedades por el uso de los tóxicos”.
Los líderes comunales y así también el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, pidieron a la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (CAMAGRO), que cambie su postura negativa en contra de prohibir agro tóxicos.
“Esto es para decirles a los señores de CAMAGRO que no sigan matando gente, esta manifestación es significado de las sesenta muertes que hemos tenido en San Luis Talpa, aparte del resto de municipios del país”, recalcó Menéndez.
El director de la Cámara Agropecuaria, Luis Felipe Trigueros, dijo que espera que el presidente de la República, Mauricio Funes, observe el decreto legislativo que prohíbe el uso de 53 agrotóxicos en el país.
Por su parte, el presidente Funes, está “inclinado a observar el informe sobre los pesticidas”, que le entregará el comité técnico creado por el Ejecutivo, y cuyo objetivo principal es estudiar el decreto que prohíbe agroquímicos.
Sobre esta posible decisión, el presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), señaló que “el presidente puede mejorar el decreto y está en su derecho. Lo que no debe de hacer es sancionarla según los interés de CAMAGRO; tiene que observarla o sancionarla según los intereses del pueblo salvadoreño”.
Las comunidades y organizaciones sostuvieron apoyar el decreto aprobado por los diputados, señalando que los agroquímicos tendrán que ser sustituidos por sustancias amigables con la salud humana y el ambiente.
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