Diputados y diputadas criticaron la medida cautelar mandatada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional que prohíbe al Ejecutivo emitir títulos valores de crédito hasta por $900 millones.
Parlamentarios del FMLN reiteraron en el pleno legislativo que la medida afecta el financiamiento de los programas sociales, planes en concreto en materia de seguridad, salud, educación y el pago de pensiones.
“También está afectando la inversión productiva que este gobierno programado para este año, y si escuchamos lo que dijo el jefe de fracción de ARENA, me parece hay una motivación política y no constitucional; cuando dice que tal vez así el FMLN se pone a negociar con ellos”, señaló Rolando Mata, legislador del partido de izquierda.
Los magistrados consideran “adecuados” los planteamientos definidos como “irregularidades” en la aprobación del crédito por la Asamblea Legislativa.
“Tras varias intervenciones de diputados, y al no lograr quórum de aprobación, se ordenó el archivo del dictamen. Pero dos horas y trece minutos después, la diputada Lorena Peña solicitó conocer nuevamente el dictamen cuestionado, el cual se aprobó con 56 votos”, manifiesta el comunicado de la Sala de lo Constitucional.
El diputado de GANA, Mario Tenorio, enfatizó que "la Sala ha resuelto sobre planteamientos falsos".
Así también, el diputado Mario Ponce aseguró que la iniciativa en ningún momento se fue al archivo. “Los magistrados deben de estar monitoreando esta plenaria para que conozcan en efecto lo que realmente sucedió. El decreto nunca fue al archivo”, recalcó el miembro del PCN.
El demandante también señala que existieron “anomalías” en la aprobación del dictamen ya que la diputada Sandra Salgado (no votó por el préstamo) fue sustituida por un diputado que no era el suplente de ella, sino el de Guillermo Gallegos.
“El diputado suplente José Guevara únicamente podía suplir al señor Gallegos, no a otro. Incluso aunque ese otro diputado propietario fuera del mismo partido político”, indica la Sala.
La presidenta del Congreso, Lorena Peña, advirtió que dicha sentencia tiene un impacto en el crecimiento económico y social, además de la inestabilidad que a nivel internacional se fomenta, sobre la capacidad que tiene el país de adquirir compromisos y cumplirlos.
Peña dijo que debe analizarse “la seguridad jurídica que dan sentencias por aplicación de leyes que nadie ha declarado inconstitucionales”, pues nunca se había cuestionado el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en el que se regula desde hace casi diez años la reconsideración de una votación.
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